Ley Alberto y control de alcohol y drogas: cómo preparar a tu empresa para el nuevo estándar preventivo.

La seguridad vial en Chile ha dado un paso decisivo con la aprobación de la denominada Ley Alberto. Esta normativa nace tras la trágica muerte de Alberto Gómez, un joven de 14 años atropellado en Valparaíso por un conductor de microbús bajo los efectos de la cocaína. Hoy, el escenario legal para las empresas de transporte público y privado cambia radicalmente, imponiendo una fiscalización estricta sobre el consumo de sustancias.

En OCCU, como expertos en soluciones de salud laboral y detección de alcohol y drogas, te explicamos todo lo que necesitas saber para cumplir con esta ley y garantizar la seguridad de tus usuarios y clientes.

¿Qué es la Ley Alberto y a quiénes afecta?

La Ley Alberto modifica la Ley de Tránsito para establecer la obligatoriedad de realizar controles de drogas a conductores de forma periódica. Su objetivo principal es erradicar el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en el rubro del transporte.

Esta normativa aplica específicamente a:

• Empresas de transporte público de pasajeros (microbuses y buses interurbanos).
• Servicios de transporte privado remunerado (transporte de personal, transfers y buses privados).
• Conductores de taxis y colectivos.

Principales obligaciones para las empresas de transporte

La nueva legislación no solo busca sancionar al conductor, sino que traslada la responsabilidad de la prevención a la empresa. Aquí detallamos los puntos críticos:

1. Periodicidad de los controles: Las empresas deben realizar un narcotest y alcotest a la totalidad de sus conductores al menos dos veces al año, con un intervalo mínimo de cuatro meses entre cada examen.
2. Costo del examen: La ley es clara: el costo de los dispositivos y la aplicación de los test debe ser asumido íntegramente por la empresa de transporte, nunca por el trabajador.
3. Momento de la fiscalización: Las pruebas deben aplicarse de manera aleatoria al inicio o antes de finalizar la jornada laboral.
4. Registro y transparencia: Se debe mantener un registro reservado de los exámenes y enviar un informe semestral al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

¿Qué sustancias se deben detectar?

Bajo los estándares de la Ley Alberto, los dispositivos de control deben ser capaces de identificar el consumo de corto plazo de sustancias como:

• Cocaína
• Marihuana (THC)
• Opiáceos
• Anfetaminas y metanfetaminas
• Ketamina

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Sanciones por incumplimiento

El no cumplimiento de la Ley Alberto conlleva graves consecuencias legales y financieras para los dueños de flotas:

• Multas: Las sanciones van desde 1,5 a 3 UTM por cada conductor que no haya sido sometido al control obligatorio.
• Reincidencia: En caso de persistir en la falta, la empresa arriesga la pérdida de la autorización de funcionamiento y la cancelación de su inscripción en el registro nacional de transporte.

Sinergia con el Decreto Supremo 44 (DS 44)

Es fundamental entender que la Ley Alberto no actúa sola. Se complementa con el Decreto Supremo 44 (DS 44), el cual exige que las empresas cuenten con una Política de Alcohol y Drogas documentada. Esta política debe incluir protocolos de prevención, rehabilitación y trazabilidad de los procesos de muestreo.

Implementar un programa de salud laboral robusto no solo evita multas, sino que mejora la reputación de la empresa y reduce la tasa de accidentabilidad.

Espacios dignos para conductores: Un cambio integral

Además de los controles de sustancias, la ley modifica el Código del Trabajo para exigir que los terminales de transporte cuenten con espacios dignos de descanso, aseo y alimentación. Un conductor descansado y en condiciones óptimas de salud es menos propenso al consumo de sustancias para mitigar la fatiga.

¿Cómo puede ayudarte OCCU?

En OCCU, somos líderes en la provisión de dispositivos de screening de drogas. Ayudamos a tu empresa a cumplir con la Ley Alberto mediante:

• Venta de insumos certificados: Narcotest y alcotest de alta precisión.
• Médico MRO (Medical Review Officer): Validación profesional de los resultados para dar certeza jurídica a tu empresa.

No esperes a una fiscalización. Cumplir con la Ley Alberto es proteger la vida, la inversión y el futuro del transporte en Chile.

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